El debate de candidatos presidenciales se da en el contexto de una inusitada polémica en torno a su difusión televisiva. Hace seis años, la discusión estaba centrada en el formato del encuentro y en la ausencia voluntaria de uno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, quien presuntamente estaba a la cabeza de las preferencias y era, entonces, blanco de una feroz campaña de ataque y desprestigio por parte del PAN. En algún sentido la historia se repite: sigue siendo el PAN el autor de una campaña negra que también está dirigida al candidato con la mejor posición en las intenciones de voto, solo que ahora es Peña Nieto, no López Obrador. Y no hay discusión de asistencia porque todos estarán presentes.

Otro cambio se refiere a la burocratización del debate. La reforma de 2007 determinó la obligatoriedad de los debates. Estableció que fueran organizados por la autoridad electoral y requirió, en términos un tanto imprecisos, su cobertura por parte de los medios concesionados. Antes, el debate era resultado del acuerdo entre los candidatos, y quienes tenían a cargo su preparación y difusión eran los representantes de la radio y tv, al través de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión.

Los debates entre candidatos son necesarios y es deseable que reciban la mayor atención posible del público; sin embargo, es pertinente considerar que los candidatos y sus partidos se mueven ahora en planos distintos a lo que ocurrió hace seis años. Por ejemplo, en aquel entonces, el candidato López Obrador declinó estar presente en el primer encuentro; ahora convoca a decenas de debates y cuestiona al IFE o a las autoridades federales por no obligar a los concesionarios a modificar su programación para imponer a los televidentes lo que conviene a su estrategia de comunicación.

La expectativa del debate, tanto del PAN como del PRD, apunta a un punto de quiebre en las intenciones de voto. El Panal intentará ampliar la visibilidad hacia su candidato a fin de acreditar sus cualidades y contribuir así a traspasar el umbral que le permita mantener su registro. El PRI y su candidato esperan que el debate ratifique su mayoría en las intenciones de voto. Por la experiencia previa, el debate, independientemente de su cobertura, difícilmente significará mayor novedad que la de saber quién queda en el tercer lugar. Más allá de su impacto mediático, estos encuentros tienen poco peso en las preferencias, excepto en condiciones de cerrada competencia o cuando un candidato se autoinflige heridas.

El nuevo desencuentro entre una parte del sector político y los medios de comunicación tiene su antecedente en la mala reforma de 2007. Los tres principales partidos aprobaron un modelo de comunicación que afecta la libertad de expresión y restringe severamente el acceso de partidos, gobernantes, candidatos y particulares a la radio y la tv. El problema que los políticos ocasionaron en las elecciones de 2006 muy caro se le ha cobrado a la radio y a la tv, y la respuesta del dueño de Tv Azteca mucho tiene que ver con ese desencuentro.

La posición que muchos asumen a favor de la obligatoriedad de cubrir el debate por parte de todas las cadenas de televisión no necesariamente tiene que ver con la simpatía hacia los candidatos que están en desventaja; el problema es más serio y conlleva el desprecio a la misma sociedad y a la libertad de decisión y opción de las personas. Es natural que quienes nos hemos formado en la política y apreciamos la democracia electoral concedamos importancia privilegiada al debate y aspiremos a un modelo de ciudadano acorde con nuestros prejuicios, pero igualmente debemos reconocer el valor de la libertad de las personas y su derecho a decidir si para ellas es más importante un programa político o un evento deportivo.

El debate de los candidatos presidenciales tendrá una cobertura de 92% del público televidente. La audiencia no se consigue alterando la programación, sino creando condiciones que generen interés. La baja expectación por el encuentro entre los candidatos se deriva del déficit de competitividad del partido gobernante y del PRD; el primero se comporta como oposición, mientras que el segundo se vuelve predecible, repetitivo y, por lo mismo, incapaz de generar aquel efecto que logró hace seis años. La audiencia tampoco se gana por decreto o mediante estrategias de programación que empujen la atención hacia los contenidos que, por causa misma de sus protagonistas, tienen poco atractivo. Si lo observamos con realismo, la única competencia relevante en el debate es la que concierne al segundo y al tercer lugar; la candidata Vázquez Mota proyectando la soledad en la que le han dejando sus correligionarios y AMLO en su esfuerzo de borrar el recuerdo de su toma de avenida Reforma hace seis años.

Los candidatos presidenciales llegan al debate en condiciones desiguales. Si cada cual reiterara lo realizado durante los días de campaña, nada espectacular habría de ocurrir, solo se reafirmaría la posición de cada uno ante el electorado. El problema aparente atañe a aquel que tiene ventaja por ser quien tiene más que perder. Sin embargo, la mayor dificultad la encaran sus competidores, que deben arriesgar mucho más para lograr su objetivo. Y arriesgar implica que, en su intento por ganar, pueden quedar peor que como estaban. Sin duda, la posición más cómoda será para Gabriel Quadri, que tiene todo por ganar.

La opinión que muchos tendrán sobre el debate no resultará de su experiencia televisiva, sino de los dichos y opiniones que otros difundan. Como bien dicen, el debate se gana en el posdebate. Lo cierto es que el evento introduce un elemento dramático para el desenlace de la elección, todavía a ocho semanas de distancia. ¿Qué sucedería si en la semana siguiente no se materializa el quiebre en las intenciones de voto pronosticado por AMLO? ¿Qué acontecería si AMLO regresa al tercer lugar? Lamentablemente, es predecible que a partir de entonces los adversarios del candidato con ventaja intenten desacreditar el proceso comicial a través de una conocida y desgastada fórmula para autojustificarse, una receta que, en aras de debilitar al ganador en las urnas, en el fondo agravia e insulta a quienes ejercen su derecho a votar. Un hecho predecible de malos demócratas, pésimos jugadores y peores perdedores.

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