Daños Colaterales
Miércoles, 16 de Mayo de 2012 06:04 | 
Escrito por Irene Selser
Diez mitos económicos que refutan los "indignados"/ Segunda parte
“Que la crisis la paguen quienes la han creado”: he aquí la frase que resume lo esencial de la postura del movimiento 15-M, que ayer cumplió su primer año. No hay que descartar que la profundidad misma de la crisis económica en España termine por sumir los reclamos de estos miles de jóvenes indignados por la corrupción de la política y el desempleo, bajo la protesta mayor de millones de conciudadanos, aun cuando la mayoría haya votado por el PP de Mariano Rajoy y su política de recortes y privatizaciones en prestaciones, empleo y servicios públicos, aumentando a la vez las ayudas a la banca.
A continuación, los restantes seis mitos que el 15-M refuta ampliamente en su sitio www.tomalaplaza.com.
4.- El problema de las entidades financieras es el riesgo inmobiliario. Cierto en parte, ya que si bien éstas destinaron 439 mil millones de euros al sector inmobiliario y construcción, solo un tercio (180 mmde) se considera que está en “problemas” (12% de los activos). No se menciona el problema de fondo que es la enorme deuda de estas sociedades de inversión, con un patrimonio neto muy reducido pero que multiplican sus activos vía créditos, la clave para obtener beneficios nominal y porcentualmente muy elevados. Un aumento de morosidad en las inversiones crediticias consumen su escaso capital y las colocan en situación de quiebra. La previsión es que la morosidad siga creciendo pero por el crecimiento récord del desempleo y el estrangulamiento del crédito al sector productivo.
5.- Se pretende que los costos de reestructuración no se trasladen al contribuyente. Falso. Según el gobierno de Rajoy, el Fondo de Garantía de Depósitos pagará el coste de la reforma financiera, pero el patrimonio ahí acumulado en las últimas tres décadas no pertenece a las entidades financieras ya que es fruto de una regulación que obliga a su dotación, complementada por aportaciones del Banco de España. De hecho, los bancos tampoco estuvieron de acuerdo en el uso que ordena el nuevo Real Decreto. Pero el gobierno los usará incluso sin mediar un decreto de expropiación. Así, se utilizará el dinero público, lo cual supone un costo directo para el contribuyente.
Además el costo de la reestructuración y recapitalización del sistema financiero excede la capacidad del Fondo de Garantía, cuyo objetivo prioritario es, ciertamente, garantizar los 100 mil euros por cada titular de los depósitos que los clientes mantienen en el sistema. ¿Quién lo hará si alguna de las entidades financieras tiene problemas? Con toda seguridad, el Estado.
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