¿Qué sigue?
Lunes, 02 de Julio de 2012 06:13 | 
Escrito por José Luis Reyna
En muchos sentidos, este lunes 2 de julio se inaugura una nueva etapa en la vida política del país. Al momento de escribir estas líneas (domingo a mediodía) no se conoce todavía quién es el triunfador de la contienda electoral. Independientemente de quién haya triunfado, hay prioridades ineludibles que, con urgencia, hay que atender. Todos aquellos que fueron honrados por el voto ciudadano tendrán que pasar de las promesas celestiales a los hechos terrenales. Nosotros, si queremos asumir el papel de ciudadanos participativos, tendremos que exigir el cumplimiento de los ofrecimientos. Nuestro derecho ciudadano no terminó en el momento de sufragar; por el contrario, en ese momento recién empezó. Hagámoslo efectivo. ¿Qué sigue entonces?
Son dos las metas, entre muchas otras, que la próxima administración presidencial tendrá que perseguir con gran tenacidad: diseñar las políticas públicas que conduzcan al crecimiento económico sostenido. La otra es la disminución de la inseguridad pública y la violencia en que el país se encuentra sumido. Ambos objetivos se asocian: lograr las condiciones que contribuyan al crecimiento económico dentro de un sistema político democrático y estable.
Durante los dos sexenios panistas poco se ha logrado. En el periodo 2000-2010 la tasa de crecimiento económico fue de 1.7 por ciento anual. Si se descuenta el crecimiento de la población, que ronda 1.5 por ciento, puede concluirse que el PIB per cápita creció casi nada (INEGI). La población económicamente activa (PEA), en 2010, sumó 47.8 millones de personas. De éstas, solo 15 millones encontraron un empleo formal. Significa lo anterior que dos de cada tres mexicanos en edad productiva están sumidos en la informalidad: salarios erráticos, sin seguridad social, entre otras cosas. Lo anterior se relaciona con los altos niveles de pobreza y desigualdad que el país no puede superar.
Habría que subrayar que si bien las administraciones panistas no se han distinguido por el fomento al desarrollo, este problema se encontraba también en los últimos sexenios del priismo. Entre 1980 y 2000, el crecimiento económico promedio fue de 2.24 por ciento, en tanto que el incremento demográfico fue de 2.06. Por tanto, el PIB por habitante tampoco creció (INEGI). Con base en estas cifras, México tiene 30 años de escasos logros económicos y sociales. El desempeño de una administración panista y una priista, durante las tres últimas décadas, arrojan el mismo resultado.
Paradójicamente, el país tiene recursos: la prueba de lo anterior es el incrementó del Presupuesto de Ingresos de la Federación. Entre 2000 y 2010 casi se triplicó, al pasar de 1.2 billones de pesos a 3.5. En 2012 la cifra ronda los 3.7 billones. A estas cifras habría que añadir los ingresos extraordinarios por las exportaciones petroleras. Sin embargo, las políticas públicas del PAN (Fox y Calderón) privilegiaron el gasto corriente en detrimento de la inversión. Esta opción frenó, en buena medida, un crecimiento económico sostenido. La opacidad en el manejo de recursos impide saber el destino de esos recursos, independientemente de si se trata de una administración del PAN o del PRI.
Si los ofrecimientos de campaña han sido mejorar la calidad de vida de los mexicanos (mejores ingresos, mayor acceso a la educación) sin duda es necesario diseñar un nuevo modelo económico. El actual está agotado. Ese es un reto gubernamental y una exigencia de la sociedad. La nueva administración presidencial no podrá ser omisa ante una situación que flagela a la mayor parte de la población. Recordemos que alrededor de la mitad de los mexicanos se encuentra en la zona de pobreza.
La otra meta impostergable es encontrar una alternativa diferente a la que ha seguido Calderón en su combate a la delincuencia organizada. Puede afirmarse que el hoy todavía jefe del Ejecutivo tomó la decisión de sacar a las fuerzas armadas a las calles sin tomar en consideración qué tan preparadas estaban para asumir una función que, estrictamente hablando, no les corresponde. A principios de su sexenio, su nivel de legitimidad era escaso. Había que encontrar una fórmula para aumentar ese nivel. La encontró, pese a que no conocía la clase de enemigo que iba a encontrarse: bien organizado y extraordinariamente pertrechado. Ese enemigo tenía (y tiene) armas, recursos y había infiltrado muchas estructuras gubernamentales relacionadas con la seguridad nacional.
Calderón ha solicitado a su sucesor que siga en la misma línea. En sus palabras: “Que no se pierda lo logrado” Quien lo haga, o sea quien lo suceda, cometería el mismo error por el que el próximamente presidente saliente tendrá más de un dolor de cabeza. Pese a que se han capturado a muchos capos de la droga, que se han extraditado a muchos narcos a Estados Unidos, que se ha decomisado un enorme arsenal y una cuantiosa cantidad de droga, la conclusión, después de seis años de guerra civil, es que poco se ha logrado.
Las fuerzas armadas no pueden regresar ahora a sus cuarteles. Lo que si podría intentarse es reacomodar las instituciones cuya función es la procuración de justicia y la seguridad nacional. En la época autoritaria de México, la institución presidencial descansó fundamentalmente en dos secretarías. Por una parte la Secretaría de Gobernación que se encargaba de todos los asuntos de política interna. Desde la Presidencia de Miguel Alemán y hasta la de Miguel de la Madrid, la SG era el pivote del control político pero también la base de los acuerdos fundamentales. Eso se perdió. La otra fue la Secretaría de Hacienda, cuya función fue clave durante el desarrollo estabilizador (1955-1970).
Fox le quitó a la Secretaría de Gobernación (SG) una de las partes coercitivas y la trasladó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se creó en su sexenio. Las funciones de una y otra dependencia se confundieron, dando por resultado una ambigüedad conflictiva en sus funciones y, por tanto, en la consecución de metas. En este sexenio han desfilado cinco secretarios de Gobernación, en tanto que solo uno, en funciones todavía, está al mando de la SSP. Sobra decir de su cuestionado desempeño. Hay que volver a hacer política, para negociar y mantener los controles institucionales que se han perdido. Para lograr un consenso nacional que conduzca a metas compartidas por la mayoría. Hay, por tanto, que fortalecer a la SG y en la misma medida que se haga se encontrarán respuestas más propicias al combate a la delincuencia que luce imbatible.
¿Qué sigue? Empezar con políticas públicas que estimulen el crecimiento, los empleos formales y abatan la pobreza y la desigualdad. Diseñar otro modelo para combatir a la delincuencia. Construir los acuerdos políticos, lo que implica reacomodos institucionales. La ciudadanía tiene que exigirles a sus representantes el cumplimiento de metas. Éstos siempre han prometido y casi nunca cumplido. El país tiene que cambiar, y este reto no es solo de los políticos; es nuestro también.
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