En la confusión poselectoral tirios y troyanos nos exhortan a defender el voto. Tanto los grupos reunidos en Atenco como quienes propugnan la validez de los resultados de la votación del pasado primero de julio, entonan el mismo tema: hay que defender el voto. Pero mientras unos hablan de sufragios que imaginan, otros se refieren a las boletas que fueron efectivamente cruzadas por los ciudadanos, depositadas en las urnas y contadas por otros ciudadanos. Es probable que muchas de ellas hayan sido compradas, como denuncian los lopezobradoristas y los panistas, pero es difícil demostrarlo. Además habría que recordar cómo durante la campaña tanto Josefina Vázquez como Andrés Manuel López Obrador aconsejaron a los votantes que recibieran las despensas que se les ofrecían, o lo que se les diera a cambio de un presunto compromiso con el candidato dadivoso, al fin y al cabo en la soledad de la mampara uno podía votar como uno quisiera.

La consigna de defender el voto que lanzaron el Yosoy132 y 299 organizaciones más que se reunieron en Atenco en la primera Convención Nacional contra la Imposición (Alma E. Muñoz, La Jornada, 17/7/12) resulta, por lo menos, ambigua.

En mi caso, como en el de muchísimos otros, la amenaza a mi sufragio tal como lo emití, independientemente de mi preferencia, proviene de quienes se proponen modificarlo o anularlo desde la calle, con movilizaciones y acciones colectivas de protesta. Los convencionistas han emprendido la batalla en defensa del voto que ellos creen que fue emitido, contra adversarios que son precisamente las instituciones que deben defender mi voto y los sufragios de cerca de 33 millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador para presidente.

En realidad, la Convención Nacional contra la Imposición está luchando contra los votos que favorecieron a candidatos distintos de López Obrador, quien, en la muy autoritaria opinión de los convencionistas, tenía que haber ganado, porque así lo han decidido ellos. Es decir, estamos frente a una movilización antielectoral que impulsa la acendrada desconfianza de la izquierda revolucionaria frente al voto, al que siempre ha visto como un instrumento de la democracia burguesa para la explotación de los trabajadores.

Y aquí aparece la mayor contradicción del movimiento en contra de la elección pasada: tanto el PRD como el PT y el Movimiento Ciudadano han aceptado sin protestar los resultados de las elecciones legislativas que les fueron muy favorables. No cuestionan el número de diputados y senadores que alcanzaron en conjunto y que suman más de un centenar; en ese caso las izquierdas registraron una notable recuperación y mal harían en comprometer sus ganancias.

No obstante, poco les importa la inconsistencia que supone descalificar los resultados de la elección presidencial, y dar por buenos los de las legislativas y de las elecciones estatales de Morelos y Tabasco, donde conquistaron sendas gubernaturas, y, desde luego los del Distrito Federal, donde simplemente se afianzó la hegemonía que ejercen desde 1997. Ni siquiera se detienen a explicar cómo procesan intelectualmente la separación de los votos para presidente de los sufragios para los otros cargos que estaban en juego; pero al menos intuitivamente supongo que hacer una trampa así de sofisticada requería de una cantidad de recursos y esfuerzos que no estaban a disposición de nadie. (Debe ser muy duro para López Obrador ver a su viejo contrincante, Arturo Núñez, llegar a la gubernatura de su estado natal, Tabasco, a la que él también aspiró, de la mano del PRD que el mismo Núñez combatió desde el PRI y desde la subsecretaría de Gobernación.)

Muchas otras contradicciones minan la veracidad de las denuncias de la movilización antielectoral. Por ejemplo, el empeño inicial en presentarse como una iniciativa apartidista, cuyo principal objetivo era enjuiciar a las televisoras y poner un límite a su parcialidad a favor del candidato presidencial del PRI, y a la consecuente inequidad de la campaña presidencial. Sin embargo, ahora ha quedado bien establecido que el movimiento que lanzaron los estudiantes de la Iberoamericana se expandió a favor de López Obrador. Tan es así que los convencionistas se han comprometido a impedir la asunción al poder presidencial de Enrique Peña Nieto, digan lo que digan las autoridades electorales como el TEPJF; pero esta postura maximalista se acompaña de un exhorto a las bancadas de las izquierdas para que se mantengan unidas en torno a AMLO.

No obstante el apoyo expreso de los convencionistas a la causa lopezobradorista, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, ha negado los vínculos entre ellos y los partidos de las izquierdas. Ha dicho que el lopezobradorismo institucional –por llamarle de alguna manera– no le da línea a la convención, que tampoco tienen por qué frenar su radicalismo. Sin embargo, los convencionistas están trabajando para ellos; su pasión, a la que se refiere Zambrano como si se tratara de un rasgo simpático de la juventud, es una carta de negociación para los flamantes legisladores de las izquierdas que, como el senador Manuel Bartlett, habrán de trabajar por una agenda política que coincide con las propuestas de los convencionistas.

Yo me pregunto qué habría pensado, y, sobre todo, qué habría hecho para defender el voto el senador Bartlett en 1988, cuando era secretario de Gobernación, si la Convención Nacional contra la Imposición hubiera existido. Su presencia es sólo un dato más que se suma a las contradicciones del contexto actual, en las que ahora sí no sabemos quién defiende qué ni por qué.