Mientras se resuelve, se escala o se eterniza la nueva contienda poselectoral, el mundo seguirá girando y todo lo demás seguirá su curso. Por ejemplo, el nuevo asalto a los puestos y los presupuestos que vendrá en diciembre y que ocurrirá con absoluta independencia del desenlace que tenga el proceso electoral, pues es en 2013 habrá un nuevo gobierno federal y el reparto del botín sucederá de todos modos.

Durante los doce años en que gobernó el PAN no se pudo detener esa dinámica. Quizás creyendo que trabajaban para su interés, los funcionarios que ocuparon altos cargos en los dos sexenios más recientes se opusieron de manera activa, o arrastrando los pies, a la consolidación del servicio de carrera en el gobierno. A pesar de que en 2003 se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que prometió la construcción de un sistema capaz de quebrar el sistema de botín, y atajar la captura partidaria de los puestos públicos con métodos abiertos y sensatos para reclutar, evaluar, estimular y conservar a los mejores profesionales del país, al cabo de nueve años los avances son tan cortos que da grima.

Hasta el año 2010, los datos reportados en la cuenta pública ya fiscalizada nos decían que había 1 millón 698 mil plazas en la administración pública de la Federación y que, de ellas, solamente 35 mil 689 estaban registradas en el servicio de carrera: el 2.1% del total. Dicho en términos más simples, aun suponiendo que ese método ordenado por la ley desde el año 2003 funcionara impecablemente —y tomando los datos validados del año 2010—, el próximo gobierno tendría la posibilidad de designar nada menos que 1 millón 662 mil 785 plazas.

Además de los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y titulares de unidad, que juntos suman 643 plazas, el próximo Presidente podría nombrar a casi 4 mil 500 directores generales —incluyendo a los adjuntos—, a casi 10 mil directores de área y a más de 50 mil subdirectores y jefes de departamento. Y dado que no existe ninguna regla que lo impida, podría hacerlo sin tomar en cuenta nada más que la amistad, la cercanía y la lealtad política de quienes ocupen esos puestos. He ahí el botín ganado por el PRI, perdido por el PAN y disputado por el PRD: cientos de miles de puestos federales disponibles para dar y repartir, sin que medie algún concurso público, una competencia abierta, una revisión de méritos y capacidades adquiridas o una trayectoria profesional probada.

Por increíble que parezca, la deliberada negligencia del gobierno de Felipe Calderón con la construcción de un servicio de carrera respetable, junto con las obligaciones legales que debe cumplir en el último minuto y con el añadido evidente del resultado electoral, le llevó a publicar el nuevo Programa para el Servicio Profesional de Carrera —en el Diario Oficial de la Federación— el lunes 30 de julio del 2012: hace dos días. Cuando el sexenio está en su ocaso y debe ya entregar los bártulos, el gobierno federal ha decidido establecer ese programa que “busca garantizar —lo cito a la letra— la operación integral del sistema, a través de la participación y coordinación de los diferentes actores que intervienen en éste”.

No estoy bromeando. Luego de que la Auditoría Superior de la Federación constatara que después de siete años de operación gubernamental el servicio de carrera todavía estaba en su “fase de consolidación”, el gobierno federal ha publicado un programa obligatorio para tratar de evitar, supongo, que los cerca de 30 mil funcionarios que han logrado acreditarse como miembros de ese incipiente e incompleto sistema de carrera sean echados a la calle, como lo hizo el gobierno de Felipe Calderón con poco más de la mitad de las personas que ya pertenecían a ese sistema, cuando él llegó a Los Pinos.

Pero nadie sabe para quién trabaja y ahora, gracias a la negligencia del panismo, el nuevo gobierno federal llegará feliz a repartir los puestos públicos, otra vez y como siempre, entre los suyos.

Investigador del CIDE