Magistrados electorales entrampados
¿Con qué nos van a salir los magistrados del Tribunal Federal Electoral cuando resuelvan los juicios referentes al reciente proceso electoral?
¿Nos irán a decir que no hubo excesos desorbitados en los gastos de campaña del PRI y que los otros partidos tampoco cometieron esas mismas fechorías?
¿Dirán que las transacciones truculentas y desmesuradas sólo son “egresos ordinarios” no vinculados con el acarreo, la compra de votos y los “operativos electorales”?
¿Ignorarán la falta de equidad que se expresó en apoyos mediáticos a favor de Peña y la descalificación de sus contrincantes, fundamentalmente contra López Obrador, mientras buen número de comunicadores y columnistas se dedicaron a convertir a Vázquez Mota y al propio AMLO en “presuntos perdedores”?
¿Ratificarán la hipótesis del IFE de que las encuestas que a diario favorecían en forma contundente a Peña no generaron una atmósfera de presión sobre la opinión pública para promover el voto útil, descalificando a priori a sus contrincantes como fracasados, para que luego esas mismas encuestas resultaran “infladas”?
¿Desestimarán que en las casillas más alejadas, rurales, donde la gente se muere de hambre, las votaciones fueron masivas, alcanzando hasta 85% de los empadronados, mientras en las casillas citadinas mejor vigiladas y menos susceptibles al acarreo los votos se desplomaron “inexplicablemente“, generando la hipótesis de que los monederos Monex y Soriana no sólo “promovían” el voto, sino el abstencionismo de los contrincantes del PRI en esas áreas urbanas?
¿Considerarán los juristas que empresas fantasmas, asociaciones civiles y todas las estructuras de financiamiento que crearon y usaron los principales partidos y candidatos para encubrir sus operaciones electorales al margen de la ley, que han sido tan exhibidas y cuestionadas, no deben ser analizadas y auditadas a fondo, siguiéndole la pista y haciendo público el origen de todo ese dinero, que sobrepasa abrumadoramente lo autorizado por la ley?
¿Nos dirán apenados que el evidente e innegable “cochinero” de todos los partidos no anula las elecciones porque la ley no lo autoriza, mientras que hay ejemplos como el de Morelia y otros, en que las irregularidades sí permitieron invalidar elecciones locales?
¿Se habrán de contradecir como ocurrió en 2006 cuando el Tribunal señaló abusos, inequidades e intervenciones presidenciales ilegales, para después ratificar la legalidad del proceso, y ejercerán malabarismos jurídicos para quedar bien con los ganadores, aunque ello acaree desprestigio irreparable al Tribunal Electoral federal?
¿Le echarán la culpa de todo a la Ley Electoral, argumentando que los partidos que hoy se quejan se pasaron seis años “tirando sombra” en el Congreso para eludir una reforma electoral profunda que impidiera tantos abusos y que establecieran claramente las causales de invalidez y de nulidad, obligando, como lo señala la Constitución, a que todos los ciudadanos votáramos, lo que hubiera complicado de manera definitiva el acarreo o el sometimiento de cerca de 30 millones de votantes que hoy no sufragaron y que no se dejan comprar?
¿Argumentarán que al no haber segunda vuelta electoral que obligue a un candidato a obtener 51% de los votos a su favor es imposible evitar que llegue un nuevo presidente con menos de 25% de los sufragios a favor y más de 75% en contra o en abstención?
¿Quedarán mal con todo mundo, dejándole a Peña la bomba de tiempo de la ilegitimidad y se echarán encima a un sector masivo de la sociedad que los abominará por sus malabarismos oportunistas, y sus contradicciones vergonzosas, dando un ejemplo de prevaricación que será demoledor para la juventud universitaria, que ha despertado y que se convertirá en pesadilla para el nuevo gobierno?
Todo eso puede pasar, pero también puede ocurrir el milagro de que los magistrados se apeguen a la ley, a las pruebas, a los principios generales de derecho y a los valores inmanentes de la justicia, y sin darles a los contendientes la razón que no merezcan se atrevan a enfrentar a la verdad en todas sus consecuencias, aclarando todo lo que ocurrió en el proceso electoral y sancionando lo que la ley les permita sancionar, para evidenciar abusos e inequidades de este oligopolio partidista y de su legislación, que son una vergüenza nacional y que deben ser acotados a fondo y cuanto antes, si queremos que México salga adelante.
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Doctor en Derecho
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