Los diputados, senadores, jefe de gobierno del DF, gobernadores, partidos políticos y el movimiento social que acompañaron a AMLO en la candidatura presidencial, unidos y con una línea política común, pueden ser determinantes para el rumbo que tome la política nacional. Lo serán si logran encauzar la inconformidad por las vías legales y ofrecen una alternativa con resultados. Si consolidan su unidad y definen una estrategia que les permita consolidar su respaldo plural, impulsar el buen desempeño de sus gobiernos y ser el fiel de la balanza de la política nacional.

El primer requisito es salir bien librados de la batalla legal por la invalidez de la elección presidencial. Idealmente, consiguiendo el objetivo —prioritario— de demostrar las violaciones sistemáticas a los principios constitucionales que permitan invalidar la elección. De no lograr ese objetivo, sería fundamental que, en beneficio del propio Tribunal y de las instituciones, quedara demostrado el origen de los fondos adicionales de EPN y el rebase del tope de campaña. Tan solo por lo comprobado y aceptado, ya no cabe la posibilidad de una validación completa del proceso. Si aplicar la ley lleva a la invalidación de la elección por las violaciones ocurridas, la Constitución prevé el desenlace. Si el Tribunal decide validar, la izquierda necesita conservar la autoridad política para convocar a un acuerdo nacional y ampliar la pluralidad de su movimiento para encabezar el reclamo por el cambio de régimen.

El segundo requisito es mantener la unidad. Con la suma de los diputados de los tres partidos (PRD, PT y MC) se es la segunda fuerza en la Cámara Baja; divididos, no. Peor aun, no se tendrían a la mano instrumentos poderosos como la posibilidad de integrar comisiones de investigación. Es vital mantener la unión de los diputados progresistas. También lo es alcanzarla en el Senado, bajo la modalidad que resulte más conveniente a las partes (ya sea con uno o con dos grupos parlamentarios). También es necesaria la coordinación entre los grupos progresistas de ambas Cámaras.

En el plano electoral está probado que la unidad da los mejores resultados. No ha sido fácil alcanzarla, pero de lo que no hay duda —ya está probado y medido— es del alto costo que significa abandonarla. La unidad debería ampliarse para incluir, con sus respectivos pesos, a quienes desde los movimientos sociales aspiren a participar en las elecciones, por los partidos de la coalición o a través de nuevos registros.

La tercera condición es mantener la lealtad a los cerca de 16 millones de ciudadanos que votaron por el candidato del movimiento progresista y lograr resultados en favor de la paz, el desarrollo, la educación y la defensa de las libertades, y en contra de la privatización del petróleo, la corrupción, la arbitrariedad y los privilegios. El voto para la izquierda no fue un voto clientelar. Nuestra ventaja estuvo en el voto de clase media, urbano, joven, de altos niveles de estudio; también fue de sectores populares excluidos donde ha habido un trabajo prolongado de concientización por parte de organizaciones civiles y partidistas. Nuestra coalición electoral es social e ideológicamente amplia.

El bloque progresista está en la posibilidad de ser una oposición que contenga la ofensiva neoliberal y antidemocrática, pero que a la vez ofrezca a la sociedad una alternativa. Como bloque podrá influir en el rumbo. Acotar los excesos. Facilitar una reconciliación nacional que restablezca el Estado de derecho, equilibre la política y dé certidumbre al desarrollo. El bloque relanzaría al PRD y protegería a los aliados. Sería la columna vertebral de un proyecto de mayor alcance: de una coalición política y social aun más amplia, democrática, capaz de frenar la regresión autoritaria, convocar a un acuerdo nacional y tomar la iniciativa para el cambio de régimen. Lo primero es, dentro del cauce legal, avanzar la impugnación y dar pasos firmes en favor de un bloque progresista.

Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México