Para quien se siente agraviado por el desenlace de la elección, nada hay que pueda conformarle ante la ilusión perdida. Es una percepción que no pasa por la razón, sino por el sentimiento. Detrás de ello está la condición humana y es natural que ésta se manifieste, aunque no necesariamente se imponga. Se requiere carácter y visión para entender que la adversidad, como uno de los temas de la vida, es solo estación de paso. El porvenir, en cambio, es oportunidad para todos, y particularmente para quienes se vieron favorecidos por el voto es, también, desafío y compromiso.

La reconciliación es conveniente y es válida en muchos frentes, no solo en el político. Son incalculables las heridas y la mesa de la concordia mucho invoca y a todos convoca. En este contexto, la política y la conformación del nuevo gobierno representan las caras más visibles, pero otros procesos, como la integración de una nueva legislatura, no son menos relevantes. Los senadores y diputados tienen la obligación que les impone la vida democrática de reconciliarse no solo entre ellos, sino con el electorado, con la sociedad a la que asumen representar; también es menester reconciliarse con ellos mismos, y con la investidura que les obliga a actuar con responsabilidad y lealtad a los principios de la República regida por las reglas de la democracia liberal.

Para la reconciliación se requiere más que humildad de los ganadores, también, sensibilidad con el adversario, con el que disiente de sus ideas y, especialmente, con aquél que, aun sin justificación, ha perdido esperanza sobre lo que la política y los gobiernos pueden hacer. No se trata de una impostura, sino de entender que la crisis de las instituciones representativas tiene que ver, lamentablemente, con la generación de gobernantes y políticos de la última década. No sobra recordar que la grandeza de los jóvenes de la generación de la República Restaurada ha quedado a años luz de lo que hemos visto en los últimos años, pero aún es posible aspirar a un cambio impulsado por quienes tienen más poder, y es posible esperar que el referente de este cambio sea el reconocimiento de las faltas compartidas por no haber convertido a la democracia en un régimen político acreditado por sus resultados.

La reconciliación y la concordia tienen agenda. No se trata de un acuerdo de inmovilidad para mantener el estado de cosas. Hay cambios urgentes como el de la efectiva desconcentración del poder. Los beneficiarios de la transición democrática no han advertido el olvido o rezago al que fueron destinados muchos temas de la agenda, entre ellos, el centralismo oprobioso que despoja al país de lo mejor de sí mismo. Las haciendas locales y municipales padecen graves crisis; desde el centro se asumen abusos y descuidos, pero los números dicen que los recursos concedidos a los gobiernos locales son notoriamente insuficientes para cumplir sus responsabilidades. La ancestral tradición centralista debe ser interrumpida por un federalismo responsable, bajo normas de rigurosa transparencia y efectiva rendición de cuentas. Debe quedar claro que todas las elecciones presidenciales del periodo democrático las han definido los estados, no el centro.

Problemas serios de política social o de seguridad pública se han agravado por la crisis fiscal de los estados y municipios. El hecho de que en muchos rubros el DF tenga mejores cifras que las de los estados se debe precisamente a un centralismo que favorece a la capital, como se advierte en el gasto educativo que corre a cuenta del gobierno federal y no del gobierno de la ciudad capital. Lo mismo puede decirse del efecto que produce la decisión de muchas empresas dispersas en el país de establecer sus oficinas centrales en el DF, lo que produce la ficción de que la generación de riqueza ocurre en el centro, cuando en realidad es un esfuerzo compartido por los estados. Otro ejemplo sobre cómo se genera ficción con este tipo de estadísticas son Pemex o CFE.

Las autoridades federales responsables de la procuración de justicia afirman que mucho se ha hecho para abatir la impunidad y la corrupción; también reiteran, una y otra vez, que se va por el camino correcto. Quizás así sea, pero las acciones emprendidas hasta ahora son claramente insuficientes para revertir la magnitud y gravedad del problema. Negarlo es una invitación a la complacencia. Y no solo hay que reconocer que es mucho lo que queda por hacer, hay que aceptar también que transitar por el mismo camino no conducirá a un cambio sustantivo, salvo que se crea la falsa hipótesis de que antes nada se hacía al respecto. La cuestión, sin embargo, no es defender el pasado, sino admitir, sin reserva, que la impunidad y la ilegalidad están entre las mayores heridas y debilidades del cuerpo nacional.

Los partidos han concluido una etapa. Y aunque ninguno de los tres más representativos se asume satisfecho con el resultado, tampoco ha habido fuerza política que emprenda una transformación para estar al día. El descrédito de los partidos es, en buena parte, resultado de su autoritarismo y de la enorme distancia que media entre ellos y los ciudadanos. La retórica de la representación se vuelve insulto frente al sentimiento de orfandad de una sociedad ayuna de representantes institucionales y tentada, por tanto, a volver la vista hacia las personalidades; a resucitar la ancestral inclinación por el caudillismo que implica depositar en una persona los anhelos y las culpas, lo mismo que las responsabilidades para la construcción de un mejor mañana.

Los tiempos por venir serán tan buenos como dispuestos estemos todos a cambiar el orden de las cosas. Es tarea compartida y el obligado punto de partida es la reconciliación. El país y la democracia exigen un punto de inflexión. Es inevitable que un nuevo gobierno, mediado por la alternancia, renueve expectativas y anhelos por un mejor presente. Sin embargo, el mandato del 1 de julio es el de un poder compartido, con responsabilidades claramente diferenciadas. Al PRI, en alianza con el PVEM, le atañe el ejercicio del gobierno y la administración pública; a la pluralidad, encabezada por el tricolor, la tarea legislativa y de control horizontal de la administración. Y a todos, incluida la sociedad, desde su propio espacio, corresponde participar del empeño por un mejor porvenir.

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