Antes de debatirse el caso de la secuestradora francesa, los observadores planteaban tres alternativas…

… o se aprobaba el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, se concedía el amparo y la señora esa se iba a su casa, o se rechazaba de plano para sostener la sentencia de 60 años de prisión…

… la tercera posibilidad era llevar el asunto al Pleno de la Corte, con lo cual los ministros de la Primera Sala compartirían la decisión y diluirían su responsabilidad.

Al final, ninguno de los tres supuestos se cumplió. La decisión resultó salomónica. 

Los ministros del Supremo Tribunal preservaron el derecho de las víctimas y abrieron la puerta al amparo… pero la condenada Florence Cassez no pisará la calle.

Los ministros José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo reconocieron que los derechos de la francesa fueron violados… que la escenificación de la captura fue irregular… que hubo retraso deliberado en presentar a la secuestradora ante el Ministerio Público… que se le negó la protección consular inmediata… 

Sin embargo, ninguna de esas agravantes fue determinante para aprobar el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, aunque cuatro de los cinco juzgadores hayan condenado los usos y costumbres perversas en el ejercicio de la ley. 

Según el ministro Pardo Rebolledo, los jueces no se vieron influenciados por la escenificación montada por los “muchachos” de la hoy extinta AFI, al mando de Genaro García Luna. 

Para José Ramón Cossío, debe reponerse el proceso.

La diferencia con el proyecto de sentencia desechado es que en el nuevo no valdrán los testimonios de Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian Hilario, ambos víctimas de la secuestradora y su banda. Sólo quedará la declaración de Ezequiel Elizalde, pero a decir del constitucionalista Miguel Carbonell, un testigo singular no es suficiente para  emitir una nueva condena. 

El Poder Judicial tuvo que actuar, no contra la presión, pero sí bajo presión del Poder Ejecutivo. El presidente Calderón demandó justicia para las víctimas del delito y evitar que la interpretación de los ministros se convirtiera en una rendija por la que se colara la impunidad. Declaraciones tan imprudentes como desafortunadas, por cierto.

El defensor de la Cassez, Agustín Acosta, dice que se perdió la batalla, pero la guerra sigue… que la última palabra aún no está dicha. El defensor se aferra al clavo ardiente de la nueva revisión del indebido proceso.

El pavoroso caso queda ahora en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero. Seguramente el nuevo proyecto de sentencia no estará listo antes de las elecciones. 

–¿Doña Olga actuará con menos presiones, toda vez que éste y otros procesos judiciales ya no serán armas de la propaganda política?

Por lo pronto, y “haiga sido como haiga sido”, la señora Cassez se queda guardada… en el infierno. 

MONJE LOCO: Arturo Zaldívar volvió a topar con pared. El caso Cassez es su segunda gran derrota después del proyecto de la guardería ABC. El ministro incómodo ha pagado el precio de desafiar, por un lado, las convenciones del poder y, por el otro,  a la opinión pública… Ya se sabe, ya se supo…

              Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla