El 12 de agosto de 2009 Felipe Calderón Hinojosa fue informado de la red de corrupción que operaba en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la que el ex director de Operaciones de la paraestatal, Néstor Moreno, hoy imputado de enriquecimiento ilícito, es hasta ahora la única parte visible. De acuerdo con la nota de Patricia Muñoz Ríos publicada ayer en la página 5 de La Jornada, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados recabó información que prueba la existencia en la CFE de un verdadero “cártel de la electricidad”, formado por varios funcionarios, que se encarga de ejecutar, simular y encubrir toda una cadena delictiva... desde la preparación de las bases de licitación (donde) se busca dirigirlas hacia un grupo empresarial determinado, en el que participa en la elaboración de dichas bases... hasta quien califica o descalifica las propuestas.

Algunas de las más dudosas adjudicaciones otorgadas bajo este esquema han privilegiado a Iberdrola y a Repsol. Esta última ha sido beneficiaria sistemática del calderonato a costa del patrimonio nacional, del bienestar y la seguridad de la gente y de la soberanía misma del país. Para proteger a esa transnacional se ha ordenado la inversión ruinosa de dineros de Pemex, se han inflado las facturas de la CFE para absorber los altos precios de la electricidad comprada a Repsol, se ha paralizado la operación de hidroeléctricas... Hace unos días, el propio Calderón, instigado por Mariano Rajoy, ensayó en Argentina una pataleta contra las expropiaciones, con el telón de fondo de la inminente nacionalización parcial de Repsol por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Otro aspecto significativo de la información comentada es que el gobernante mantuvo a Néstor Moreno como responsable de administrar los bienes de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), de los cuales nunca se hizo un inventario ni se dio cuenta del destino de vehículos, material, equipo, dinero y hasta pertenencias de trabajadores. En tanto la administración actual no exhiba en forma transparente y puntual qué hizo con las propiedades de LFC, hay motivos justificados para suponer que los miembros del equipo gobernante, coordinados en ese “cártel de la electricidad”, se robaron y se distribuyeron entre ellos los activos de toda una paraestatal. ¿Investigados, imputados, sancionados por ese saqueo monumental? Ni uno, hasta la fecha.

Por lo demás, hay indicios suficientes para pensar que esa delincuencia organizada que opera en la CFE se repite en otros sectores. Debe existir, por ejemplo, un “cártel del petróleo”, como pudo deducirse, en su momento, del trapicheo de contratos en los que se encontraba involucrado el extinto Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y favorito de Calderón.

Hay sobradas razones, asimismo, para ver, en el obsequioso desempeño oficial para con Televisa y en la saña con la que este gobierno pretende impedir el resurgimiento de Mexicana, la operación de un “cártel de las telecomunicaciones” incrustado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Están a la luz los pactos ilegales por los que Calderón entregó varios puestos claves de su gobierno a la cúpula charra que controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como los montos astronómicos sacados del erario y entregados a Elba Esther Gordillo: puede hablarse, por ello, de la existencia de un “cártel de la educación”. Y así, por el estilo, en otros rubros.

Todo ello, sin referirse a la otra delincuencia, la que en el curso de este sexenio catastrófico ha sido meticulosamente fortalecida por la guerra contra la delincuencia que proclamó el michoacano desde los primeros momentos de su presidencia usurpada.

Tendría que bastar con estos datos para entender que el supuesto compromiso de Calderón contra la delincuencia es mera ficción. Lo delictivo es origen, condición y esencia de su ejercicio del poder.

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